La recomposición de la mayoría con Junts reabre el debate sobre si el sistema político español funciona, en la práctica, como un federalismo de facto.
La actualidad política española vuelve a poner de relieve una de las tensiones estructurales que atraviesan el modelo territorial: la dependencia del Gobierno central respecto a actores territoriales con agendas propias. La reciente información publicada por El País sobre la recomposición de la mayoría de investidura con Junts muestra cómo, en un contexto de crisis internacional y necesidad de aprobar medidas urgentes, el Ejecutivo ha tenido que rearticular apoyos mediante negociación bilateral con una fuerza independentista clave.
En el caso español, se llevan a cabo negociaciones en un marco institucional que no reconoce una estructura federal
El acuerdo con Junts para sacar adelante el decreto anticrisis evidencia que la gobernabilidad en España no descansa únicamente en mayorías ideológicas, sino en equilibrios territoriales complejos, donde partidos de ámbito no estatal ejercen un papel decisivo. De hecho, el apoyo de Junts —tras meses de ruptura— se produce a cambio de concesiones concretas, como rebajas fiscales y otras medidas negociadas caso por caso.
Este tipo de dinámica no es ajeno a los sistemas federales, donde los niveles territoriales participan activamente en la toma de decisiones del conjunto. Sin embargo, en el caso español, estas negociaciones se producen en un marco institucional que no reconoce explícitamente una estructura federal, sino que funciona mediante mecanismos más informales y contingentes.
Así, la noticia ilustra una paradoja central: España no es formalmente un Estado federal, pero en la práctica opera en muchas ocasiones como un sistema de tipo cuasi-federal o “federalismo de facto”, en el que la articulación del poder depende de pactos interterritoriales continuos. La necesidad de recomponer mayorías con actores como Junts refuerza la idea de que el modelo autonómico ha evolucionado hacia una lógica de interdependencia política propia de sistemas federales, aunque sin sus estructuras de coordinación estables ni sus garantías institucionales.
En este sentido, el caso actual confirma una de las tesis centrales de mi dossier “Federalismo”: el debate no es solo si España es o no un Estado federal en términos formales, sino hasta qué punto su funcionamiento político real ya responde —de manera incompleta y a veces inestable— a dinámicas federales.
España funciona como un sistema de equilibrios interterritoriales constantes.
En este contexto, la reciente recomposición de la mayoría de investidura por parte del Gobierno, tal y como recoge hoy El País, no es un episodio aislado, sino una expresión más de cómo opera realmente el sistema político español. La necesidad de articular acuerdos con actores territoriales como Junts refuerza la idea de que España funciona, en la práctica, como un sistema de equilibrios interterritoriales constantes. Así, más allá de la definición formal del Estado, lo relevante —como se ha argumentado a lo largo de este artículo— es reconocer hasta qué punto la dinámica política española ya incorpora rasgos propios de un federalismo de facto, aunque sin la arquitectura institucional clara y estable de los Estados federales clásicos.
Este es precisamente el eje central del análisis que desarrollo en el dossier sobre federalismo, y en particular en el artículo:
👉 ¿Es España un Estado federal?
