El bosque en llamas: ¿están preparadas nuestras instituciones?

Cada verano asistimos a la misma secuencia. Cambian los lugares, pero no las imágenes. Bosques envueltos en llamas, columnas de humo visibles a decenas de kilómetros, vecinos evacuados, carreteras cortadas y centenares de profesionales intentando contener un fuego que avanza impulsado por el viento, la sequía y las altas temperaturas.

Durante unos días toda nuestra atención se concentra en la emergencia. Seguimos la evolución del incendio casi en tiempo real. Contamos las hectáreas afectadas, los medios desplegados y, cuando el fuego finalmente se extingue, buscamos explicaciones.

¿Fue un rayo? ¿Una negligencia? ¿Un acto intencionado? ¿Faltaban medios?

Son preguntas necesarias.

Pero cada vez denoto de que no son las más importantes.

Porque un gran incendio forestal no empieza el día en que aparecen las primeras llamas. Empieza mucho antes.

Empieza cuando un bosque deja de gestionarse. Cuando el abandono rural transforma el paisaje. Cuando la acumulación de combustible vegetal convierte un incendio en prácticamente incontrolable. Cuando la planificación territorial no incorpora el nuevo contexto climático. Cuando la prevención pierde protagonismo frente a la urgencia cotidiana.

Y también empieza cuando nuestras instituciones tienen dificultades para actuar de forma coordinada.

Por eso los incendios forestales ya no son únicamente un problema ambiental. Son una prueba para la gobernanza del territorio.

Durante mucho tiempo entendimos los incendios como emergencias que debían resolverse aumentando la capacidad de extinción. Sin embargo, el cambio climático está modificando profundamente esa lógica. Las temporadas de riesgo se alargan, las olas de calor son más frecuentes y los llamados incendios de sexta generación superan con facilidad la capacidad de respuesta de cualquier operativo.

La pregunta deja entonces de ser únicamente cómo apagar el fuego.

La verdadera pregunta pasa a ser otra:

¿cómo gobernar un territorio cada vez más vulnerable?

Y esa respuesta ya no depende exclusivamente de los servicios de emergencia.

Depende de la política forestal, de la ordenación del territorio, de la gestión del agua, de la agricultura, de la conservación de la biodiversidad, del desarrollo rural y de la adaptación al cambio climático. Depende de administraciones distintas, con competencias diferentes y horizontes temporales que no siempre coinciden.

Ahí aparece una realidad de la que hablamos poco.

Los incendios ponen a prueba la capacidad de nuestras instituciones para coordinarse.

Porque ninguna administración puede afrontar por sí sola un desafío de esta magnitud.

Los ayuntamientos conocen el territorio y gestionan la proximidad. Las comunidades autónomas ejercen competencias esenciales en materia forestal y de protección civil. El Estado coordina recursos extraordinarios y define estrategias nacionales. La Unión Europea aporta financiación, información satelital, cooperación técnica y un marco común para la adaptación climática.

Cada institución resulta imprescindible.

Ninguna es suficiente por sí sola.

Cuando esa arquitectura institucional funciona, la respuesta gana eficacia. Cuando falla, aparecen retrasos, duplicidades, vacíos competenciales y decisiones fragmentadas.

Por eso los incendios no son únicamente una emergencia.

Son un espejo.

Nos muestran hasta qué punto nuestras instituciones son capaces de anticiparse, cooperar y aprender.

Y quizá esa última palabra sea la más importante.

Aprender.

Cada incendio debería dejar algo más que estadísticas.

Debería dejar bosques mejor gestionados.

Protocolos revisados.

Administraciones que cooperan con mayor facilidad.

Más conocimiento compartido.

Una planificación territorial que incorpore las lecciones aprendidas.

Porque extinguir un incendio resuelve una emergencia.

Aprender de él reduce el riesgo del siguiente.

Con demasiada frecuencia, sin embargo, el debate público se concentra únicamente en la respuesta inmediata. Discutimos sobre los medios desplegados, las responsabilidades políticas o el origen del fuego. Todo ello es necesario.

Pero rara vez dedicamos la misma atención a las decisiones que se toman —o que se dejan de tomar— durante el resto del año.

Y es precisamente ahí donde se juega una parte esencial de la transición ecológica.

No solo en las cumbres internacionales, ni en las grandes estrategias climáticas, ni siquiera en la capacidad de responder a una emergencia.

También en la capacidad cotidiana de nuestras instituciones para gestionar el territorio con una visión de largo plazo.

Quizá ese sea uno de los cambios políticos más profundos que estamos empezando a comprender.

La transición ecológica no consiste únicamente en reducir emisiones o desplegar energías renovables.

Consiste también en construir instituciones capaces de anticipar riesgos, coordinar políticas y aprender de cada crisis.

Porque extinguir un incendio demuestra capacidad operativa.

Evitar que el siguiente tenga las mismas consecuencias demuestra algo mucho más difícil.

Demuestra capacidad institucional.

Y ahí aparece un concepto que probablemente marcará buena parte de la política de las próximas décadas:

la resiliencia.

Durante mucho tiempo entendimos la resiliencia como la capacidad de recuperarnos después de una crisis.

Hoy sabemos que significa algo más.

Significa prepararnos antes de que esa crisis llegue.

No se trata únicamente de reconstruir un territorio devastado por el fuego.

Se trata de gestionar los bosques de otra manera, planificar mejor nuestras ciudades, proteger los ecosistemas, fortalecer la cooperación entre administraciones y aprender de cada emergencia para reducir la vulnerabilidad de la siguiente.

En otras palabras, construir instituciones capaces de adaptarse a un mundo donde los fenómenos extremos dejarán de ser excepcionales.

Cada verano hablamos de incendios.

Quizá ha llegado el momento de hablar también de resiliencia.

Porque, en el fondo, ese será uno de los grandes desafíos de la política de la transición ecológica.

No construir una sociedad capaz de responder mejor a las crisis.

Sino una sociedad capaz de necesitarlas cada vez menos.

Porque cuando un bosque arde no solo se pone a prueba la resistencia de un ecosistema.

También se pone a prueba nuestra capacidad colectiva para anticiparnos, adaptarnos y gobernar un futuro que ya ha empezado.