Buscamos un responsable. Queremos saber quién tomó la decisión —o quién dejó de tomarla—. Miramos al Gobierno, a la comunidad autónoma, al ayuntamiento o, en ocasiones, a Bruselas. Necesitamos identificar un centro desde el que imaginamos que se gobierna la realidad.
Sin embargo, cuanto más observo los grandes desafíos de nuestro tiempo, más convencida estoy de que esa imagen ya no describe cómo funciona el poder.
La transición ecológica es un buen ejemplo.
Durante años hemos hablado de ella como si consistiera, sobre todo, en sustituir unas tecnologías por otras. Cambiar combustibles fósiles por energías renovables. Electrificar el transporte. Mejorar la eficiencia energética. Proteger los ecosistemas.
Todo eso es necesario.
El verdadero desafío para afrontar la transición ecológica es institucional
Pero cada vez me parece más evidente que el verdadero desafío no es tecnológico. Ni siquiera económico.
Es político.
Y, más concretamente, institucional.
No porque falten leyes o estrategias. Tampoco porque no conozcamos los riesgos del cambio climático. Disponemos de diagnósticos cada vez más precisos, de objetivos compartidos y de un conocimiento científico extraordinario.
Lo que resulta mucho más difícil es conseguir que todas las instituciones implicadas avancen en la misma dirección.
Porque la transición ecológica no depende de una única decisión.
Depende de miles de decisiones.
Una nueva infraestructura energética afecta a la planificación territorial. La movilidad condiciona la calidad del aire. La gestión del agua influye en la agricultura. La conservación de la biodiversidad tiene consecuencias sobre la actividad económica. La rehabilitación de edificios modifica las políticas urbanas. Cada decisión abre nuevas conexiones con otras muchas.
Y ninguna administración controla todas esas piezas.
Ahí es donde aparece una palabra que cada vez escucharemos con más frecuencia: gobernanza.
Durante mucho tiempo entendimos gobernar como la capacidad de decidir. Hoy esa definición empieza a quedarse corta.
Gobernar también significa coordinar.
Significa conseguir que instituciones diferentes, con competencias distintas, recursos desiguales e incluso prioridades políticas diversas sean capaces de construir una estrategia compartida.
Eso es, en esencia, la gobernanza multinivel.
La expresión puede sonar técnica, pero describe una realidad muy cotidiana.
La Unión Europea fija objetivos climáticos y marcos regulatorios. Los Estados aprueban leyes y diseñan estrategias nacionales. Las comunidades autónomas desarrollan competencias fundamentales en energía, territorio o medio ambiente. Los ayuntamientos planifican las ciudades, gestionan residuos, impulsan la movilidad o adaptan los espacios públicos a un clima cambiante.
Cada nivel resulta imprescindible.
Ninguno es suficiente por sí solo.
Quizá esa sea una de las transformaciones políticas más profundas de nuestro tiempo.
Durante siglos imaginamos el poder como una pirámide. En la cúspide alguien decidía y, a partir de ahí, las órdenes descendían hasta llegar al territorio.
Hoy esa imagen se parece poco a la realidad.
Ningún desafío democrático depende de un único centro de poder
La transición ecológica se gobierna mediante redes de cooperación mucho más complejas, donde ninguna institución posee todas las respuestas y donde el éxito depende menos de imponer decisiones que de coordinar capacidades.
Esa coordinación no siempre resulta visible.
No inaugura grandes infraestructuras ni suele ocupar titulares. Consiste en armonizar normativas, compartir información, alinear presupuestos, evitar duplicidades, construir confianza entre administraciones y mantener una dirección estable durante años.
Es un trabajo lento.
Silencioso.
A menudo invisible.
Pero probablemente sea uno de los activos más valiosos de cualquier democracia que aspire a afrontar transformaciones de largo plazo.
Europa ofrece un ejemplo especialmente interesante.
Con frecuencia se critica la lentitud de sus procesos de decisión. Y, sin duda, alcanzar acuerdos entre tantos Estados requiere tiempo y negociación. Sin embargo, esa complejidad refleja una realidad que no desaparecerá: los grandes desafíos contemporáneos ya no pueden resolverse desde un único centro de poder.
España tampoco escapa a esa lógica.
Nuestra organización territorial convierte la cooperación entre administraciones en una necesidad permanente. Cuando esa cooperación funciona, aumenta la capacidad estratégica del conjunto. Cuando se deteriora, aparecen bloqueos, fragmentación y políticas que avanzan a ritmos distintos.
Por eso cada vez me interesa menos la pregunta sobre quién tiene la competencia.
Prefiero otra.
¿Tenemos instituciones capaces de coordinar todas esas competencias?
Creo que ahí reside una de las cuestiones decisivas de las próximas décadas.
La transición ecológica exigirá innovación tecnológica, inversión, conocimiento científico y liderazgo político. Pero también requerirá algo mucho menos visible: instituciones capaces de trabajar juntas sin perder el horizonte común.
Quizá esa sea, en el fondo, la verdadera política de la transición ecológica.
No consiste únicamente en decidir hacia dónde queremos ir.
Consiste en construir la capacidad colectiva para recorrer ese camino.
Porque los grandes desafíos de nuestro tiempo ya no dependen solo de quién gobierna.
Dependen, sobre todo, de cómo somos capaces de gobernar juntos.
