La crisis de la vivienda y la movilización social ponen de manifiesto una cuestión que trasciende las medidas de urgencia: cómo la falta de planificación política a largo plazo puede acumular problemas, debilitar la capacidad institucional y erosionar la confianza ciudadana.
La muerte de Maricarmen Abascal, de 87 años, el 7 de octubre, después de haber sido desahuciada de la vivienda madrileña en la que había vivido durante siete décadas, ha añadido una dimensión profundamente humana a una crisis que llevaba años gestándose. Su caso ha provocado una movilización social de gran alcance y ha contribuido a situar la vivienda en el centro del debate político.
La convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre amplía todavía más el alcance del conflicto. La vivienda ha dejado de ser únicamente una cuestión de acceso al mercado inmobiliario para convertirse en un problema que afecta a los salarios, la estabilidad económica, las expectativas de futuro y la confianza en las instituciones.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
La respuesta no puede limitarse a las últimas decisiones del Gobierno, a las votaciones parlamentarias o a las medidas anunciadas para contener la emergencia. La crisis de la vivienda tiene raíces más profundas y obliga a preguntarse si nuestra forma de gobernar está preparada para afrontar problemas que requieren décadas de planificación y continuidad.
Cuando los problemas se acumulan
Las crisis estructurales rara vez aparecen de repente. Se desarrollan durante años, a menudo mientras sus primeros síntomas todavía parecen manejables.
La dificultad de acceso a la vivienda es un ejemplo especialmente claro. Durante demasiado tiempo, el crecimiento de las necesidades residenciales no ha encontrado una respuesta suficiente en la oferta disponible, la vivienda asequible, la planificación territorial y la capacidad de ejecución de las políticas públicas.
Según el Banco de España, entre 2021 y 2025 se acumuló una diferencia aproximada de 750.000 viviendas entre la creación neta de hogares y la construcción de nuevas viviendas terminadas. El dato no explica por sí solo toda la crisis, pero ilustra la magnitud de un desequilibrio que no puede corregirse mediante decisiones improvisadas.
Cuando los problemas no se afrontan en su origen, sus consecuencias comienzan a extenderse. El encarecimiento de la vivienda reduce la capacidad adquisitiva de los hogares, dificulta la emancipación de los jóvenes, condiciona la movilidad laboral y aumenta la vulnerabilidad de quienes disponen de menos recursos.
Cada una de estas dificultades puede abordarse como un problema independiente. Sin embargo, cuando se acumulan y se refuerzan mutuamente, terminan configurando una crisis mucho más compleja.
Lo que inicialmente parecía una suma de problemas sectoriales acaba convirtiéndose en una percepción generalizada de incapacidad política.
Gobernar para llegar al final de la legislatura
Una de las grandes tensiones de las democracias contemporáneas reside en la diferencia entre el tiempo de la política electoral y el tiempo necesario para transformar las estructuras económicas, sociales y administrativas.
Los gobiernos trabajan dentro de legislaturas limitadas. Necesitan construir mayorías, negociar apoyos, responder a la actualidad y demostrar resultados ante los ciudadanos.
Estas exigencias forman parte del funcionamiento democrático. El problema aparece cuando la continuidad del gobierno se convierte en el principal horizonte de la acción política.
En esas circunstancias, las decisiones pueden orientarse preferentemente hacia la resolución de conflictos inmediatos, mientras las reformas cuyos resultados requieren varios años quedan aplazadas.
No siempre se trata de falta de capacidad. También interviene la voluntad política, especialmente cuando afrontar un problema estructural exige asumir costes presentes a cambio de beneficios que quizá no lleguen durante la misma legislatura.
La vivienda ilustra esta dificultad. Ampliar el parque de vivienda asequible, movilizar suelo, coordinar administraciones, mejorar la planificación urbanística y desarrollar infraestructuras requiere tiempo, recursos y continuidad.
Regular determinadas situaciones de urgencia puede ser necesario para proteger a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Pero una medida temporal, por sí sola, no modifica necesariamente las condiciones estructurales que han provocado la emergencia.
El riesgo es que la política termine concentrándose en gestionar las consecuencias de aquello que no ha conseguido prevenir.
De la emergencia permanente a la pérdida de confianza
Las instituciones no pierden la confianza ciudadana únicamente como consecuencia de una decisión equivocada.
La confianza también puede deteriorarse cuando se suceden problemas que parecen no encontrar una solución duradera.
Una crisis de vivienda, las dificultades para acceder a determinados servicios públicos, los problemas de movilidad o la inseguridad económica pueden tener causas distintas. Sin embargo, para quienes experimentan sus consecuencias, todos ellos pueden acabar formando parte de una misma percepción: las instituciones no consiguen responder adecuadamente a sus necesidades.
Esta acumulación tiene consecuencias políticas.
Cuando las respuestas se perciben como insuficientes, provisionales o contradictorias, aumenta la distancia entre las expectativas ciudadanas y los resultados de la acción pública.
La movilización social puede entenderse, en parte, dentro de este proceso.
La huelga general convocada para noviembre expresa un conflicto que ha desbordado los límites tradicionales de la política de vivienda y se ha trasladado al ámbito laboral y al debate sobre las condiciones de vida.
Eso no significa que toda movilización sea una manifestación de desconfianza en la democracia. La protesta es también una forma legítima de participación y de exigencia de responsabilidades.
Pero su alcance invita a examinar hasta qué punto los canales ordinarios de decisión política están ofreciendo respuestas suficientes.
El peligro no es únicamente que una política fracase. Es que la acumulación de resultados insuficientes termine debilitando la confianza en la capacidad del conjunto de las instituciones.
Cambiar la forma de hacer política
Ante este escenario, mejorar los procedimientos administrativos resulta necesario, pero insuficiente.
La primera transformación debe producirse en la manera de concebir la acción política.
Los problemas estructurales requieren estrategias que no se agoten con una legislatura. Esto no significa eliminar las diferencias ideológicas ni impedir que los gobiernos elegidos democráticamente modifiquen las prioridades públicas.
Significa reconocer que determinadas necesidades colectivas —como la vivienda, la adaptación al cambio climático, las infraestructuras o la sostenibilidad de los servicios públicos— exigen horizontes de planificación que superan el calendario electoral.
Para ello, es necesario distinguir entre los objetivos estratégicos que requieren continuidad y las decisiones políticas legítimamente sujetas a alternancia.
Los acuerdos amplios pueden contribuir a esa estabilidad, pero no bastan por sí solos. Deben traducirse en compromisos verificables, financiación, calendarios realistas, mecanismos de seguimiento y evaluaciones periódicas.
También es imprescindible reconocer que no todos los actores tienen las mismas responsabilidades ni capacidades. En el ámbito de la vivienda, una estrategia equilibrada debe diferenciar entre grandes operadores inmobiliarios, pequeños propietarios, administraciones públicas y hogares vulnerables.
La planificación a largo plazo no consiste en aprobar grandes declaraciones de intenciones. Consiste en construir condiciones que permitan sostener las decisiones, corregir los errores y comprobar sus resultados.
De la voluntad política a la capacidad administrativa
Una vez definidos los objetivos y garantizada una orientación estratégica, aparece el segundo gran desafío: organizar las administraciones para ejecutarla.
Las políticas de vivienda atraviesan distintos niveles de gobierno y múltiples procedimientos: planificación territorial, disponibilidad de suelo, financiación, licencias, contratación, construcción y adjudicación.
Cada fase puede funcionar conforme a sus propias reglas y, sin embargo, el resultado global puede retrasarse durante años.
La fragmentación de responsabilidades, la falta de coordinación y las interrupciones entre departamentos pueden reducir la capacidad de ejecución incluso cuando existen recursos y decisiones políticas.
Por eso, reorganizar la Administración no debería consistir simplemente en acelerar trámites o reducir controles. Se trata de garantizar la continuidad de los proyectos, clarificar responsabilidades, coordinar instituciones y evaluar resultados.
Una política pública necesita algo más que una decisión inicial. Necesita capacidad institucional para recorrer todo el camino hasta producir efectos reales.
Sin una orientación política estable, la mejora administrativa puede quedar limitada a intervenciones parciales. Y sin una Administración capaz de ejecutar, incluso las mejores estrategias pueden terminar convertidas en promesas incumplidas.
Ambas transformaciones son necesarias, pero la primera debe proporcionar dirección y continuidad a la segunda.
Gobernar más allá de la urgencia
La crisis de la vivienda plantea una pregunta que va mucho más allá del mercado inmobiliario: ¿estamos gobernando para resolver los problemas o para administrar sus consecuencias hasta la siguiente legislatura?
La urgencia exige respuestas inmediatas, especialmente cuando están en juego situaciones de vulnerabilidad. Pero gobernar no puede consistir exclusivamente en encadenar medidas excepcionales.
La verdadera capacidad política también se mide por la posibilidad de anticipar problemas, construir acuerdos duraderos, organizar recursos y sostener decisiones cuyos resultados no serán inmediatos.
Cuando la falta de planificación se prolonga, las dificultades se acumulan. Y cuando esas dificultades comienzan a afectar simultáneamente a diferentes ámbitos de la vida cotidiana, la sensación de desorden puede transformarse en una crisis de confianza.
Ese es uno de los riesgos más importantes de gobernar permanentemente a corto plazo.
No se trata únicamente de que los gobiernos sean capaces de llegar al final de una legislatura, sino de que las políticas públicas sean capaces de llegar más allá de ella.
Porque la responsabilidad de gobernar no debería medirse solamente por las crisis que se consiguen contener, sino también por aquellas que una planificación adecuada habría permitido evitar.
