Modelos comparados y opciones realistas para repensar el Estado
1. Un sistema pensado para otro tiempo
En artículos anteriores hemos señalado que buena parte de la inestabilidad política actual tiene su origen en la obsolescencia de unas instituciones diseñadas para responder a un momento histórico muy concreto: la España de la Transición. Aquella arquitectura institucional cumplió una función esencial en un contexto delicado, pero hoy muestra claros signos de agotamiento.
Con el paso del tiempo, ese diseño ha dejado de ser una herramienta de adaptación y se ha convertido, en muchos casos, en un factor de bloqueo. La dificultad para garantizar una gobernabilidad parlamentaria eficaz es una de sus consecuencias más visibles y recurrentes.
2. Territorialidad y Senado: un debate inevitable
La necesidad de reformas institucionales no puede separarse del problema territorial. En este marco, resulta inevitable cuestionar el papel del Senado. Tras analizar su función en episodios clave como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el debate ya no es si debe reformarse, sino si su existencia actual responde a alguna lógica funcional.
Algunas propuestas académicas, como las formuladas por los catedráticos Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, apuntan en una dirección clara: sustituir la Cámara Alta por una Conferencia de Presidentes en la que los líderes autonómicos —o representantes designados democráticamente por los parlamentos autonómicos— puedan poner en común sus necesidades y articular soluciones cooperativas.
3. Reformar, suprimir… o repensar
El problema es que tanto la reforma profunda como la supresión del Senado implican una reforma constitucional compleja y políticamente costosa. A ello se suman los miedos, los intereses cruzados y las resistencias que siguen alimentando la inoperancia del sistema.
Ante este escenario, quizá la pregunta no sea qué institución eliminar, sino cómo avanzar sin paralizar el sistema. Si la madurez democrática no permite grandes saltos, tal vez sea más realista apostar por cambios graduales pero firmes, orientados a mejorar la operatividad institucional.
En este sentido, frente a la propuesta de reducir o suprimir el Senado, cabría una alternativa intermedia: vaciar de contenido sus funciones actuales y repensar un órgano distinto, un espacio estatal de coordinación formado por representantes autonómicos designados democráticamente por los parlamentos de cada comunidad. Este órgano podría actuar como mediador territorial, con capacidad de elevar propuestas resolutivas al Congreso.
4. Hacia qué modelo territorial estamos avanzando
Esta iniciativa no solo permitiría desprenderse de una institución percibida como ineficaz y reducir costes al erario público. También abriría la puerta a una evolución del modelo territorial hacia una forma de federalismo funcional, basada en una mayor corresponsabilidad fiscal y en el reconocimiento progresivo de las especificidades culturales y políticas de cada comunidad.
Aquí surge una pregunta clave —que a menudo se evita—:
¿de qué federalismo estamos hablando realmente?
¿Un federalismo cooperativo?
¿Asimétrico?
¿Basado en soberanías compartidas?
Responder a esta cuestión es imprescindible para evitar equívocos y debates estériles.
5. Déficit de representación y proximidad democrática
Las carencias del sistema territorial se agravan si se tiene en cuenta otro elemento estructural: el desequilibrio en el reparto de escaños derivado de la ley electoral, el umbral mínimo y la aplicación de la fórmula D’Hondt, que tiende a sobrerrepresentar a los partidos mayoritarios.
El resultado es una distancia creciente entre la voluntad expresada en las urnas y su traducción parlamentaria. En este contexto, que sean los propios parlamentos autonómicos quienes designen representantes para un órgano estatal de mediación territorial podría contribuir a acercar la política a la ciudadanía, reforzando la percepción de que las decisiones territoriales no se toman en espacios lejanos e inaccesibles.
6. El federalismo comparado: no hay un único modelo
El federalismo no es una fórmula cerrada. La experiencia comparada demuestra que los sistemas federales más estables responden a contextos históricos, sociales y económicos muy distintos.
Algunos Estados, como Estados Unidos o Canadá, adoptaron el federalismo tras un proceso de unión entre entidades previamente soberanas. Otros, como Alemania, lo hicieron para evitar la concentración del poder en un solo centro político. Y existen también países que han desarrollado modelos federales o cuasi federales para dar encaje institucional a sociedades profundamente diversas, como Bélgica.
España comparte rasgos con este último grupo.
7. Federalismo cooperativo y multinivel: la aportación de Watts
En este punto, las aportaciones de Ronald L. Watts resultan especialmente útiles. Frente a los modelos de federalismo dual —basados en una división rígida de competencias sin interacción entre niveles de gobierno—, Watts defiende un federalismo cooperativo, en el que la colaboración intergubernamental es un elemento central del funcionamiento democrático.
En este enfoque, la existencia de autogobiernos territoriales no excluye, sino que exige, mecanismos de gobierno compartido para gestionar los asuntos comunes. Esta cooperación favorece una mayor estabilidad política y una mejor integración de comunidades culturales diversas, reduciendo el riesgo de conflicto.
Los estudios comparados coinciden además en que no existe una arquitectura institucional única válida para todos los sistemas federales. Lo determinante no es copiar modelos, sino diseñar instituciones adaptadas a las necesidades y características específicas de cada sociedad.
8. Asimetrías, poder fiscal y cohesión
La experiencia federal muestra también que los procesos constituyentes no avanzan a la misma velocidad en todos los territorios. Las diferencias económicas y culturales generan asimetrías que influyen tanto en la distribución de competencias como en la relación entre las unidades federadas y las instituciones comunes.
Por ello, la distribución del poder fiscal es un elemento clave. No solo condiciona la capacidad real de autogobierno, sino que constituye una de las principales fuentes de tensión en cualquier sistema federal. Precisamente por eso, las federaciones más estables incorporan instituciones compartidas que protegen a las comunidades constituyentes y canalizan los conflictos dentro del marco político, evitando su deriva cultural o identitaria.
Conclusión: una pregunta abierta
España no carece de diagnósticos ni de propuestas. Lo que falta es voluntad política para abordar el debate territorial sin apriorismos ni tabúes institucionales. El federalismo no es una solución mágica, pero sí un marco flexible que permite articular diversidad, cooperación y estabilidad si se diseña con realismo.
La pregunta ya no es si el modelo actual está agotado. La pregunta es qué tipo de federalismo está dispuesta a discutir la sociedad española y qué instituciones está dispuesta a repensar para hacerlo posible.
Abrir ese debate, con honestidad y sin miedo a comparar experiencias, es hoy una necesidad democrática.
